Desde la UEI valoramos positivamente que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a una moratoria mínima de dos años para la entrada en vigor del sistema VeriFactu.
Esta medida da respuesta a la demanda que Foment del Treball ha trasladado en los últimos meses durante diversas reuniones con representantes institucionales y grupos parlamentarios, poniendo el acento en la necesidad de un margen amplio para evitar tensiones operativas y económicas en un tejido empresarial formado mayoritariamente por microempresas y profesionales autónomos.
El Consejo Territorial de la Pyme señala que la moratoria «facilitará un proceso de adaptación progresivo y ajustado a la realidad de las empresas más pequeñas», garantizando que la digitalización avance sin comprometer su sostenibilidad económica.
Paralelamente, la Comisión de Autónomos destaca que el objetivo del sistema VeriFactu «no se pone en duda», pero remarca que su aplicación debía ser flexible y gradual, con el apoyo técnico y económico necesario para evitar situaciones de desventaja competitiva para profesionales y microempresas.
Ante esto, Fomento pide al Gobierno que active lo antes posible los mecanismos que permitan aplicar inmediatamente la moratoria y desplegar un plan de apoyo específico que incluya:
- programas de formación y capacitación digital para pymes y autónomos,
- ayudas económicas para la modernización tecnológica,
- asesoramiento técnico para garantizar una transición ordenada,
- e incentivos fiscales o mecanismos de reconocimiento para las empresas que avancen su adaptación.
Por último, tanto el Consejo Territorial de la Pyme como la Comisión de Autónomos consideran que esta moratoria supone «un paso adelante importante en la defensa de los intereses de un tejido empresarial que necesita regulaciones adaptadas a su realidad y capacidad de implementación».